Josep María Canyelles ha publicado en El Diario Responsable el siguiente artículo y que copio tal cual.
La tragedia de la fábrica textil de Bangladesh, con más de 1.000 personas
muertas, reabre el debate de la responsabilidad de las marcas. El interés de las compañías del textil para usar los trabajadores tiene
un precio: el sueldo mínimo más bajo del mundo: 29 euros al mes
Alimentarnos y vestirnos... Los sectores
alimentario y textil siempre están en el punto de mira y cada vez serán más, ya
que todo el mundo es más consciente de los impactos enormes en un buen grupo de
grupos de interés, ¡incluidos nuestros cuerpos!
Las grandes multinacionales de estos sectores van siempre buscando el
mejor lugar para producir. Compañías con enormes beneficios
huyeron hacia Bangladesh cuando los costes laborales en China empezaron a subir.
Y en el caso del textil, la deslocalización
permanente es incomparablemente sencilla en comparación con otros
sectores. Es muy fácil poner unos cientos de trabajadores ante una máquina de
coser en una nave industrial. Pero el precio social de la moda es, en palabras
del nuevo Papa Francisco este Primero de mayo, trabajo
esclavo.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene un lugar
destacado en todas las grandes marcas y desde hace años publican informes
anuales. La pregunta recurrente es si con este episodio la Responsabilidad
Social Corporativa entra en crisis. Pues sí y no. Podemos encontrar los dos
puntos de vista:
a) No porque algunas compañías realmente aplican seriamente la gestión de la
RSC, con compromisos, objetivos de mejora permanente, y auditorías externas. Y
ante los incumplimientos aplican planes correctivos a los proveedores, y después
de un plazo se repite la auditoría y algunas quedan descartadas. Pero
difícilmente podían prever el derrumbe del edificio de la empresa local
subcontratada ya que las auditorías de RSC ponen el foco en otras
cuestiones.
b) Sí porque después de dos décadas de trabajo en RSC, las condiciones
laborales en ciertos países no han mejorado mucho, y parece evidente que pagar
un salario con el que es imposible subsistir con dignidad no puede considerarse
responsabilidad social, aunque el trabajador no sea propio sino de una empresa
subcontratada.
El problema es que la RSC no parece mostrar capacidad por sí
misma de corregir un modelo de negocio que se fundamenta en unos vectores
opuestos a los que un modelo sostenible requeriría. Ante esto, la RSC sólo puede
poner alguna limitación, correctivo, compensación... No es sencillo. A la RSC,
tal como la están llevando a cabo en estos sectores, se le escapan cosas:
A menudo, aunque las empresas subcontratadas tengan rotundamente prohibido
subcontratar de nuevo sin permiso, cuando no pueden soportar los plazos lo
hacen, de manera que las condiciones laborales quedan ocultas a las marcas. Pero
esto se da por el hecho de que existe una presión enorme en las fechas
de entrega, lo que acaba facilitando el "tú cumple los plazos y no me
cuentes cómo lo haces". El edificio que colapsó un día después del descubrimiento de grietas había
pasado dos auditorías de empresas occidentales. Según Eva Kreisler, coordinadora
de Ropa Limpia, "esto demuestra que el sistema no funciona, que las
auditorías y los códigos de conducta son insuficientes". Ante las auditorías, en muchos casos los capataces instruyen a los
trabajadores sobre qué responder. Y quien se aparte de la respuesta marcada es
despedido, tal como aportaba un informe de Ropa Limpia donde se decía que:
"Las auditorías tienen más que ver con asegurar pedidos que con la mejora
del bienestar de los trabajadores, por eso los gerentes hacen sólo cambios
cosméticos para impresionar a los auditores y no mejoran nuestras
condiciones". Pero, sobre todo, hay un problema de competencia feroz en
el sector, que tiene como consecuencia una camiseta fabricada en Bangladesh que
se vende a 20 euros solo tenga unos costes laborales de 1,5 céntimos (según el
sindicato Industriall, que representa a 50 millones de trabajadores en todo el
mundo).
Para algunas empresas lo más razonable en su gestión de riesgos es aguantar
tanto como puedan, deseando que no pase nada. Y si por mala suerte la
desgracia ocurre, lo más fácil de cara a su reputación es marchar:
cut and run, pirar. Es la política de tierra
quemada. Por ejemplo, Walt Disney, la empresa que más vende vía
licencias en el mundo, ha anunciado que abandona Bangladesh. Y quizá otros
también lo hagan. Pero esta no es la solución. Otros continuarán trabajando ahí,
y si quedan las compañías con marcas de menor valor, quizás las exigencias serán
menores y las condiciones laborales aún empeorarán. Por ello, las ONG quieren
que se queden, que den trabajos y salarios dignos y que ejerzan presión para que
mejoren las leyes y se apliquen. Ellos sí pueden hacerlo. De hecho, la
corrupción es cotidiana en Bangladesh, y las autoridades locales muestran gran
interés para atraer negocio textil, y muchos políticos ya se han convertido
empresarios (como es el caso de Sohel Rana, el propietario del edificio, ya
detenido).
Otro grupo de interés implicado son las compañías auditoras.
No quiero dar a entender que su trabajo sea fácil. Pero se dan ciertos aspectos
que no parecen suficientemente responsables. Ya no me referiré a la típica
discusión sobre el hecho de que la misma firma realice tanto las consultorías
como las auditorías y otras malas prácticas que terminan poniendo en riesgo la
veracidad de la auditoría. Me referiré a la credibilidad de su firma ante la
opinión pública. Si la firma del auditor no es meramente un grafismo técnico
administrativo sino que realmente pretende aportar una credibilidad, ¿donde está
la auditora cuando la auditoría no ha demostrado fiabilidad? Seguro que se
pueden dar explicaciones. Deberían darlas. O explicar en qué han fallado. O
proponer que se debería corregir. Porque de lo contrario este agente tan
relevante de la cadena de la RSC se convierte meramente en un proceso sin valor
añadido. Por sentido de responsabilidad, los auditores deberían dar la
cara, salir del armario y explicar la relación entre los hechos y sus
trabajos.
Pero hay otros grupos de interés. El más importante sería la
gente que, en tanto que cliente o ciudadano cabreado,
puede ejercer el castigo comercial y reputacional. Pero no
parece que esta misma semana, los mil muertos de Bangladesh hayan comportado
ningún titubeo a la hora de entrar a comprar en los comercios de moda barata.
Las ONGDs hacen sus campañas y van llegando a la gente. Pero la gente tiene
muchos problemas, y finalmente cree que corresponde a los poderes públicos
garantizar el respeto a los derechos humanos. Con la crisis económica, aun se
hace más difícil pedir el compromiso en la compra. A la gran mayoría se le hace
difícil percibir la relación de causa - efecto entre la falta de respeto a los
derechos humanos en países del Sur y la desindustrialización que hemos sufrido
los procesos con menor valor añadido. La tendencia era inevitable, pero no
habría sido tan drástica exigiera ciertas condiciones en los países donde ahora
se hace la producción.
Podríamos también hablar de grupos
inversores y de bancos. Pero es evidente su i-responsabilidad.
Como el rey, no consideran que deban tener ni asumir ninguna responsabilidad
ante la sociedad. Sólo hacen su trabajo de acuerdo con sus intereses privados.
Se limitan a decir que cumplen la ley ya defender el libre mercado, aunque a
menudo hagan fraude de ley y por otro lado la ciudadanía tenga que pagar para
evitar que entren en quiebra.
Pero no nos podemos dejar los poderes públicos .
Comprendemos que las relaciones internacionales no son un marco apto para la
ética. Sabemos que la Organización Mundial del Comercio impide que se puedan
introducir condicionantes éticos o de derechos humanos. Sabemos que en las
puertas de la Unión Europea sólo podemos cerrar el paso a los productos que, por
ejemplo, tengan un componente tóxico o supongan un peligro para los niños...
pero no podemos preguntar por la manera como han sido producidos o los impactos
que han generado.
De hecho, la RSC tiene un doble carácter
:
a) Por una parte, en contextos locales con marcos legales desarrollados, la
que se produce en empresas que buscan la excelencia social, y
que encuentran en el diálogo con los grupos de interés una oportunidad para
innovar.
b) Por otra parte, en las cadenas globalizadas, la que actúa como
sustituto de una legislación efectiva que garantice los
derechos humanos.
Mientras que el primer modelo se debería potenciar ahora mismo y desear que
aumente en el futuro, el segundo modelo de RSC deberíamos desear que
desapareciera por innecesario. Es decir, porque la legislación
y las garantías del cumplimiento hubieran hecho innecesario este
sentido sustitutorio de la RSC. Vale la pena mostrarlo así, porque de otra
manera, si no se entiende que hablamos de modelos diferentes alguien puede
extender este sentido crítico hacia la primera, y considerar que también el otro
modelo -que no es sustitutivo de ninguna ausencia, sino innovador y
desarrollador- debe tender a desaparecer.
Creo que los estados
deberían poner más determinación en estos aspectos, aunque sea de manera
indirecta. Por ejemplo, puede que no podemos evitar la entrada de los
productos "manchados de sangre" pero se podrían explorar sanciones y cargas
impositivas para las empresas que tengan malas prácticas en la cadena de
abastecimiento fuera de la UE. En todo caso, sí creo que la RSC podría dar más
de sí misma, por medio de tres vías:
Con grandes marcas que opten por marcar la
diferencia, y hagan un pacto con su clientela, con la
sociedad. Esto implica una gran determinación empresarial, pero también
una gran conciencia ciudadana, y la predisposición a pagar más por la moda de
bajo precio. Bajo pero no tanto.
Con autorregulación a través de grandes acuerdos
sectoriales, abordando la lógica conflictiva de buscar precios más
baratos y al mismo tiempo pretender el cumplimiento de unos mínimos laborales.
Reformulando el modelo productivo (aceptando un mayor costo laboral, mejorando
la gestión de los plazos, procurando relaciones a largo plazo con los
proveedores...).
Con implicación de los stakeholders para inducir y asegurar
estos compromisos. A través de diferentes vías y resortes, los clientes, el
regulador, los inversores, las ONGDs, etc., deben encontrar maneras de
fortalecer los compromisos y detener la lógica de crecer desde un modelo
insostenible desde el punto de vista de los derechos humanos.
